¿Que es Ley de Expropiación en Quintana Roo?
El Gobierno del Estado de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, promulgó recientemente la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, a través del Decreto Número 090. Este nuevo marco normativo, firmado el 14 de enero y publicado oficialmente el 16 de enero de 2025, tiene como objetivo regular los procesos de expropiación y ocupación temporal de bienes inmuebles, adaptándose a las necesidades actuales del estado.
El gobierno moderniza, según, un marco jurídico que no se había actualizado en casi cinco décadas con la aprobación de esta ley.. La normativa establece lineamientos claros sobre cómo y cuándo puede el estado intervenir en la propiedad privada con fines de interés público, estableciendo además garantías y compensaciones para los propietarios afectados.
¿Qué plantea la nueva ley?
La Ley de Expropiación en Quintana Roo tiene como ejes principales:
Expropiación y ocupación temporal: Se regulan los procedimientos para que el estado pueda intervenir en propiedades privadas, siempre que sea necesario para proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y servicios públicos. Esto incluye obras como carreteras, hospitales y escuelas que beneficien a la población en general.
Limitación de dominio: Se introducen mecanismos legales para restringir ciertos derechos sobre bienes inmuebles cuando estos interfieren con el desarrollo social y económico de la región.
Claridad y transparencia: La ley busca garantizar procedimientos expropiatorios más claros y justos, con un enfoque en asegurar compensaciones económicas adecuadas para los propietarios afectados.
Actualización normativa: La gobernadora Mara Lezama enfatizó que este cambio era necesario, debido a la antigüedad del marco normativo anterior, que no respondía a las necesidades actuales del estado en términos de crecimiento y desarrollo.
La gobernadora destacó que no hay proyectos de expropiación en curso, pero que esta legislación representa un paso crucial para preparar al estado ante futuras necesidades de infraestructura y desarrollo.
Impacto en Quintana Roo
El gobierno estatal ha señalado que la ley permitirá impulsar proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Entre estos proyectos se incluyen la construcción de hospitales, escuelas, vías de comunicación y otras obras públicas esenciales para el desarrollo social y económico de la región.
Sin embargo, algunos sectores sociales y económicos han expresado inquietudes sobre el uso adecuado de las facultades que esta ley otorga al gobierno. Estas preocupaciones giran en torno a la transparencia en los procesos de expropiación y la garantía de que las compensaciones ofrecidas sean justas y equitativas.
En respuesta, el gobierno ha hecho un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones civiles a mantenerse informadas y participar activamente en la supervisión de los proyectos que se deriven de esta legislación. La gobernadora Lezama y la Secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez, han asegurado que se cumplirán con las normas constitucionales y que la implementación de la ley se llevará a cabo con total apego a la legalidad.
La voz de COPAMEX Cozumel.
En respuesta a la promulgación de la Ley de Expropiación en Quintana Roo, COPARMEX Cozumel emitió un comunicado destacando la importancia de garantizar transparencia, equidad y certeza jurídica en la implementación de este nuevo marco normativo. El organismo empresarial enfatizó la necesidad de equilibrar los intereses públicos y privados, especialmente en territorios insulares como Cozumel, donde las dinámicas sociales y económicas presentan particularidades únicas.
COPARMEX subrayó su compromiso de participar activamente en la supervisión y discusión de los reglamentos que deriven de esta ley, haciendo un llamado a que se incluyan las voces del empresariado y de la sociedad civil en los procesos de consulta. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con el gobierno estatal, siempre que se prioricen medidas que fomenten el desarrollo inclusivo y la competitividad económica de la región.
Finalmente, el organismo destacó que esta nueva legislación representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura y el desarrollo en Quintana Roo, pero insistió en que su implementación debe realizarse con total apego a la legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos y los propietarios afectados.
Las preocupaciones.
La promulgación de la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo ha generado diversas preocupacione,s debido a la rapidez con la que fue aprobada, en un proceso legislativo que permitió su discusión en menos de 24 horas, sin un análisis ni debate adecuado. Entre las principales inquietudes se encuentran la ampliación de las causas de expropiación, que aumentan de 11 a 25, lo que podría dar lugar a criterios ambiguos como la declaratoria de “utilidad pública”, creando un marco que podría ser utilizado para facilitar actos irregulares y despojos de propiedad.
Lla ley otorga al Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, la facultad de decretar expropiaciones mediante un procedimiento administrativo que solo podrá ser impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Poder Judicial estatal, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad de este proceso y la transparencia de las decisiones.
Otra de las preocupaciones surge de la posibilidad de que tanto particulares como proyectos de inversión privada puedan solicitar expropiaciones, lo que incrementa el riesgo de abuso y despojo, especialmente al permitir que las Asociaciones Público Privadas (APP) participen en este proceso, lo que recuerda las prácticas cuestionadas en gobiernos anteriores.
Para tener en cuenta.
Quintana Roo tiene un historial de casos de despojos, particularmente en municipios como Tulum, Playa del Carmen, Bacalar y otros, donde autoridades y partidos políticos han estado involucrados. Esta nueva ley genera temor de que se utilice para legalizar despojos, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos.
Por último, la falta de tiempo para debatir adecuadamente la ley y la aprobación apresurada con un dictamen prácticamente preelaborado, sin permitir que los diputados presentaran argumentos o revisaran detenidamente la iniciativa, refleja la debilidad de una oposición efectiva y el riesgo de que esta ley sea aprobada sin una evaluación exhaustiva, lo que podría llevar a que se utilice para fines que no beneficien a la sociedad en general.
